Quizá por el origen de nuestra independencia, siempre se han tratado con la mayor lenidad la insurrección, la sedición, la asonada y demás manifestaciones de “guerras civiles”, hasta llegar a la amplísima aceptación de la elástica lista de “delitos políticos”, por la connivencia frecuente de los gobiernos y la benévola actuación de las altas cortes cuando se trata de beneficiar revoltosos.

En las democracias, siendo la colombiana una de las más antiguas (aunque imperfecta como todas), el delito político es repugnante, pero en la “Constitución Política de 1991 recibe un tratamiento diferencial y preferente respecto de los delitos comunes, ya que pueden ser indultados o amnistiados (…) respecto de ellos no procede la extradición y no generan inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos” (Revista Iusta, n° 43, 2015), antes de que el “Acuerdo Final” consagrase total impunidad para ellos, inmensas prebendas económicas, revisión de la historia con carácter obligatorio, condenas a quienes hayan defendido la ley, centenares de leyes y decretos para ir poniendo en marcha la revolución, eliminación de los antecedentes penales, degradación de las Fuerzas Armadas, curules sin votación, etc.

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Todas estas prebendas para las Farc se otorgaron premeditadamente como pasos para que un gobierno colombiano pueda hundir el acelerador hacia otra república castro-bolivariana.

Ahora bien, si la democracia es el gobierno de las mayorías, respetuoso de las minorías, la tiranía marxista siempre ha sido y será el predominio de la minoría sobre los demás habitantes de un país, a los que se priva de libertades religiosa, de pensamiento, de expresión y económica, propiedad individual, elecciones libres, jueces independientes, medios libres etc., todo dizque para alcanzar la felicidad en un paraíso terrenal que algún día ha de llegar…

Pero mientras los criminales se aprovechan en Colombia de los privilegios para los delincuentes políticos, porque así pueden escapar a la justicia, los gobiernos establecidos por los promotores del “sagrado derecho a la rebelión” (como el jurista y empresario Santrich) prohíben hablar, escribir, indagar, intercambiar ideas, escuchar la radio o leer periódicos extranjeros, actividades que constituyen “delitos políticos” que se castigan inexorablemente con cárcel, trabajos forzados o fusilamiento…

Para establecer en Colombia el dominio del partido comunista clandestino se ha abusado hasta extremos delirantes del señuelo de la paz. Rechazada por el pueblo la entrega a las Farc, el plebiscito fue desconocido y las “altas cortes” aceptaron la refrendación espuria, por un órgano incompetente, de un “acuerdo final” cuya implementación avanza a plena marcha.

Ahora, ya no queda la menor duda de que los tales insurrectos y apóstoles del pueblo y de la paz eran y siguen siendo un cartel de narcotraficantes y maleantes que continúan paseándose por los artículos del Código Penal, ya todos seguramente conexos con sus nobles ideales políticos…

Sin embargo, el gobierno y los tres candidatos de las Farc (dos ya desahuciados y uno campante), con la invariable colaboración de medios y cortes, siguen la ruta trazada, desconociendo las realidades electorales.

El 17 de mayo, el doctor Duque seguramente logrará la primera votación. Ojalá no tenga que ir a una segunda vuelta, donde se corren riesgos ya bien conocidos…

Aunque cada día es más obvio que todo lo actuado por los tres poderes del Estado en favor de las Farc y en contra de la negativa del pueblo colombiano es jurídicamente inexistente, dudo que haya un gobernante capaz de actuar en consecuencia y echar a la basura las 312 páginas del AF y los centenares de leyes y decretos que ya se han dictado para su implementación.

Ante la reiterada defensa de lo indefensable por parte de quienes dicen que esos espurios compromisos son de obligatorio cumplimiento, solo cabe una reflexión: un acuerdo que entrega el poder a un “partido” que apenas obtiene 52.000 votos (0.8 % del electorado), no puede ser más absurdo y antidemocrático. Se necesita ser un miembro recalcitrante de la conjura, o un loco, para desafiar al 99.2 % del país y establecer en Colombia la dictadura comunista.

Antes de las elecciones se nos hizo creer que las Farc dominaban electoralmente en 157 municipios y que en las próximas elecciones para gobiernos locales coparían sus alcaldías y concejos. Aceptarlos como socios privilegiados del gobierno era el precio a pagar por la “paz estable y duradera”, cuando la realidad es que apenas son un tigre sin dientes, nulo electoralmente. Cincuenta mil votos no son un factor real de poder político, máxime si están al servicio del narcoestado que se viene consolidando en las crecientes zonas cocaleras.

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Entonces, no más tembladera frente a las Farc, que constituyen un cáncer que, si no es extirpado a partir de agosto, seguirá haciendo metástasis en todo el país.

Por tanto, no conviene sentir preocupación porque el “señor” Iván Márquez vaya a seguir haciendo trizas los “acuerdos”, sino celebrarlo.

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Con razón la señora Solberg quería mantener clandestina su visita a Colombia. Hasta ahora no se concebía un primer ministro escandinavo en reuniones secretas con los capos de un cartel.

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No es lo mismo una huelga de hambre de Mahatma Gandhi, que ponía a temblar el Imperio Británico, que la de Santrich, que pone a temblar a Santos.